En el departamento de Cauca, ofrecimos asistencia de salud mental a la comunidad indígena nasa después de una masacre en la que fueron asesinadas varias personas. En Chocó, nuestros equipos organizaron servicios generales y de salud mental para la comunidad indígena waunana desplazada por enfrentamientos entre grupos armados en el municipio de Docordó. La última semana de 2019, un equipo de MSF que se encontraba en Norte de Santander proporcionó salud mental y general y kits de refugio a más de 100 personas confinadas en una escuela en Hacarí.

Nuestro equipo móvil de respuesta a emergencias se centró exclusivamente en las crisis del departamento de Nariño, uno de los más afectados por la reanudación de los conflictos y la violencia. Ofrecimos atención médica y de salud mental a personas confinadas y desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados en los municipios de Olaya Herrera, Roberto Payán, Magüí Payán y Tumaco, entre otros. También donamos kits de refugio a cientos de familias que se encontraban en asentamientos temporales.

Una vez más, nuestros equipos presenciaron el efecto del desplazamiento y el confinamiento en la salud mental de las personas. El estrés, la preocupación y el miedo se suman a los efectos psicosociales de la exposición a actos de violencia. Además, la falta de respuestas oportunas por parte de las autoridades intensifica la sensación de falta de protección y de incertidumbre.

En Colombia, también abordamos los efectos en la salud mental de las amenazas, los asesinatos selectivos y los desplazamientos intraurbanos relacionados con la violencia urbana. En Buenaventura, seguimos ofreciendo consultas gracias a un teléfono de ayuda especializada y atención integral para víctimas de violencia sexual y para mujeres que buscan la interrupción segura del embarazo.

Asistencia a población venezolana

En este escenario de creciente violencia debida a la implementación poco coherente de los acuerdos de paz, Colombia se ha convertido además en país de tránsito y refugio para millones de personas que escapan de la crisis social, política y económica de Venezuela. De acuerdo con las cifras oficiales, en Colombia hay aproximadamente 1,6 millones de venezolanos y, aunque la mayoría viven en grandes ciudades, miles de personas se han asentado en departamentos cerca de la frontera con Venezuela, como La Guajira, Norte de Santander y Arauca; en estas áreas, afectadas por el conflicto, la respuesta del Gobierno es mucho más limitada.

Para atender las necesidades cada vez mayores de esta población, MSF abrió en los citados departamentos tres proyectos de atención primaria, salud mental y salud sexual y reproductiva; una de las prioridades es atender a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Nuestros equipos trabajaron en los municipios de Riohacha, Tibú y Tame, y enviaron clínicas móviles varias veces al mes a lugares como Uribía, Maicao y Manaure (en La Guajira), Puerto Santander y La Gabarra (en Norte de Santander) y Saravena y Arauquita (en Arauca).

Durante sus actividades, nuestros equipos observaron las numerosas vulnerabilidades de los migrantes y solicitantes de asilo venezolanos que no han podido regularizar su condición en el país. Además del riesgo de reclutamiento o prostitución forzosos a manos de los grupos armados activos en la zona, esta población tiene serios problemas para obtener asistencia médica, porque la sanidad pública la excluye de todos los servicios salvo los partos, las vacunaciones y las urgencias médicas. También tienen dificultades para acceder a la educación, a un refugio y a un trabajo sin explotación ni peligro.

Defender a migrantes y mujeres vulnerables

Nuestro trabajo de incidencia política tiene como objetivo mejorar el acceso de las mujeres a la interrupción segura del embarazo. Como parte de la estrategia, en 2019 publicamos el informe ‘Aborto no seguro, mujeres en riesgo’, que expone las barreras sociales, económicas e institucionales que impiden el acceso a este servicio. El informe destaca que el 88% de las 428 pacientes atendidas por MSF en 2017 y 2018 afrontaron al menos uno de los siguientes obstáculos: sociales (estigmas o acoso por parte de familia y amigos); económicos o geográficos; o falta de información sobre la legislación relacionada. Al 27% de las pacientes que solicitaron un aborto seguro en un centro de salud antes de acudir a MSF se les había denegado esta atención.

MSF ayudó a 460 mujeres en la interrupción del embarazo y acompañó a 120 a realizarse el procedimiento en un hospital público. Atendiendo a las conclusiones de nuestro informe, pedimos a las autoridades sanitarias que garanticen la prevención de los embarazos no deseados, aumentando y simplificando el acceso a servicios de planificación familiar eficaces, con la atención puesta en las adolescentes que viven en la pobreza o en entornos rurales. También reclamamos que prevengan las muertes y otras consecuencias de los abortos no seguros permitiendo que haya servicios integrales disponibles y accesibles para las mujeres y niñas de todo el país que necesiten una interrupción segura del embarazo. 

MSF también solicitó mayor presencia operativa e inversión internacional, en particular en las zonas de conflicto, y más asistencia en las actividades de salud sexual y reproductiva para la población de migrantes.