Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, en Libia hay más de 355.000 personas desplazadas y otras 50.000 refugiadas.

En 2019, Médicos Sin Fronteras atendió a personas retenidas arbitrariamente en centros de detención oficiales, así como a personas que habían escapado de las prisiones clandestinas de los traficantes de seres humanos. Nuestros equipos también brindaron atención a quienes habían sido interceptados en el mar por la Guardia Costera libia (financiada por la Unión Europea) y devueltos al mismo país del que intentaban huir.

En los centros de detención de Trípoli, Misrata, Joms, Zliten y Dar el Jebel, atendimos principalmente problemas médicos causados o agravados por las nefastas condiciones de higiene. Estos superpoblados centros no tienen suficiente agua potable, letrinas ni ventilación, y las personas reciben poca asistencia médica. Atendimos casos de sarna, piojos y pulgas, así como enfermedades infecciosas como la tuberculosis, que se propagan con facilidad en condiciones precarias. En Dar el Jebel, iniciamos una intervención para 500 personas después de que 22 murieran de tuberculosis. Además, atendimos a pacientes con desnutrición (causada por la falta de alimentos en los centros) y ofrecimos servicios de salud mental a las personas traumatizadas por los largos e indefinidos periodos de detención.

Se cree que la mayoría de los migrantes y refugiados atrapados están en prisiones no oficiales, a las que nadie tiene acceso. En Bani Walid, atendimos a personas que habían logrado escapar de su cautiverio; en su mayoría, habían sido torturadas.

El 2 de julio, un ataque aéreo alcanzó el centro de detención de Tajura y mató a al menos 53 personas; fue el ataque más mortífero contra civiles desde el comienzo del conflicto. MSF envió ambulancias y un equipo médico para atender a los supervivientes, personas que habían sido abandonadas a su suerte en el ataque, y también ofrecimos servicios de salud mental para aliviar el trauma sufrido.

En las zonas portuarias de Joms, dimos atención médica general a personas que habían sido obligadas a regresar a Libia (incluyendo menores de edad y solicitantes de asilo) y a supervivientes de naufragios.

El cierre de los centros de detención condujo a un aumento en la cantidad de migrantes y refugiados que vivían en la calles. Cada vez más personas quedaban expuestas al tráfico de personas, la violencia, el trabajo forzado y la explotación. Cuando los conflictos se intensificaron y el deterioro de la sanidad pública comenzó a afectar a los ciudadanos libios, también atendimos consultas externas en Misrata.

Además de seguir denunciando la inaceptable situación en los centros de detención oficiales y no oficiales, MSF exigió a la ONU que ampliara su intervención en Libia para proteger y asistir a los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes. También denunciamos los retornos forzosos y, en última instancia, pedimos la evacuación de todas las personas migrantes y refugiadas a un país seguro.