Malasia no es país firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, y los solicitantes de asilo y los refugiados son penalizados por las leyes nacionales. La amenaza constante de arresto y detención es una fuente importante de tensión para un colectivo ya de por sí vulnerable. En especial, desalienta a la gente a buscar atención médica aunque la necesite o, si la buscan, estas personas suelen abandonar los hospitales antes de tiempo e interrumpir la atención o tratamiento que estén recibiendo.

En 2018, dirigimos 45 clínicas móviles, que en conjunto realizaron un total de 3.500 consultas. Nuestros equipos también organizaron sesiones de promoción de la salud en escuelas para niños refugiados, concienciaron sobre problemas de salud como el dengue y la higiene personal y distribuyeron kits de higiene. 

En octubre, inauguramos una clínica fija de atención primaria en un barrio de Penang donde vive una gran comunidad migrante y refugiada. Para finales de diciembre, la clínica ya había atendido 1.800 consultas y realizado 113 derivaciones. Además, 780 pacientes participaron en sesiones de promoción de la salud, apoyo psicosocial o asesoramiento. 

También ampliamos nuestros servicios médicos a grupos de riesgo, como supervivientes del tráfico de personas. Nuestros equipos trabajaron en cinco de los refugios de protección que el Gobierno tiene en Kuala Lumpur, Negeri Sembilan y Johor Bahru. Allí, organizamos clínicas móviles, nos encargamos de las derivaciones a servicios de salud estatales y donamos medicamentos.

Tras identificar carencias concretas en materia de salud mental, principalmente debido a las barreras lingüísticas (hay una decena de 10 nacionalidades entre las víctimas), comenzamos a brindar servicios psicosociales y de asesoramiento en sus lenguas maternas.

En colaboración con la ONG Mercy Malaysia, dirigimos clínicas móviles regulares y realizamos mejoras en los servicios de agua y saneamiento en el centro de detención Belantik de Kedah, en el noroeste de Penang. En diciembre, organizamos conjuntamente un simposio sobre cómo mejorar el acceso a la atención médica para refugiados y solicitantes de asilo; las recomendaciones que emanaron de este congreso fueron presentadas al Ministerio de Salud, que creará un comité para estudiar su implantación.

También continuamos abordando la falta de protección causada por las barreras que obstaculizan las solicitudes de asilo. Por ejemplo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sigue impidiendo a los solicitantes de Myanmar, incluidos los rohingyas, que hagan peticiones directas. Esto se aplica al 87% de los solicitantes de asilo en Malasia e impide que reciban la documentación que necesitan para reducir el riesgo de arresto y permitir su acceso (limitado) a los servicios esenciales.

Para muchos apátridas rohingyas, los documentos emitidos por ACNUR serían los únicos documentos de identidad que posean. Unas pocas ONG pueden derivar las solicitudes a ACNUR, según un conjunto de criterios adicionales de vulnerabilidad; en 2018 hicimos 612 derivaciones de este tipo.