En 2018, MSF brindó asistencia médica a las personas que estaban retenidas, de forma arbitraria, en centros de detención teóricamente bajo el control del Ministerio del Interior. 

Muchos pacientes eran personas extremadamente vulnerables, por ejemplo, niños no acompañados, madres lactantes y sus bebés, y víctimas del tráfico de personas que habían estado secuestradas largos periodos de tiempo, privadas de alimento, torturadas y expuestas a una violencia extrema, como el asesinato de seres queridos.

La mayoría de los problemas médicos que atendimos estaban causados o agravados por las condiciones nefastas dentro de los centros: hacinamiento, escasez de comida y agua potable, letrinas inadecuadas… Todo ello facilitaba la propagación de infecciones agudas de las vías respiratorias, tuberculosis, enfermedades diarreicas y enfermedades de la piel (como la sarna). Los trastornos de salud mental y los traumas con frecuencia se veían agravados por la terrible experiencia de la detención indefinida. 

MSF denunció reiteradamente esta situación inaceptable, que cuenta con el apoyo de los políticos europeos, y vimos pocos avances positivos.

De hecho, la costa libia quedó prácticamente sellada debido a la campaña de criminalización de los barcos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo y el traspaso de la responsabilidad de estas operaciones por parte de la Unión Europea a la Guardia Costera libia. Por este motivo, muchísimas personas vulnerables quedaron atrapadas en un país donde sus vidas peligran y donde se producen graves violaciones de los derechos humanos, tal y como han documentado la ONU y otras organizaciones.

En 2018, nuestros equipos atendieron más de 31.500 consultas médicas en centros de detención en Trípoli, Misrata, Joms y Zliten, y derivaron a más de 1.000 pacientes a centros de atención secundaria. En decenas de ocasiones en Misrata y Joms, pudimos atender a personas que habían sido interceptadas en el mar y devueltas a Libia bien por la Guardia Costera bien por barcos comerciales, en contra del derecho internacional de los refugiados y las convenciones marítimas. En 2018, realizamos unas 140 consultas de primeros auxilios en puntos de desembarque. 

Continuamos trabajando en Bani Walid, supuestamente importante centro de contrabandistas y traficantes de personas; en esta zona, intentamos ayudar a las personas que habían logrado escapar de las redes criminales o habían sido liberadas. Atendimos 810 consultas médicas y derivamos a una decena de personas para que recibieran atención secundaria en Misrata y Trípoli.

La mayoría de los migrantes y refugiados viven fuera de los centros de detención o son retenidos en lugares clandestinos y, al igual que las comunidades locales, se ven afectados por el deterioro de la Sanidad pública, que sufre una grave escasez de medicamentos y personal. En 2018, nuestros equipos atendieron 2.500 consultas externas en Tauorga y Misrata, y comenzamos a ofrecer atención pre y posnatal en Bani Walid. Por otro lado, cerramos nuestro proyecto en Bengasi, en el este del país, donde nuestra presencia se había vuelto menos relevante.